El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, en una comparecencia pasada ante los medios de comunicación por la denuncia motivada por la contratación de bomberos voluntarios

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, en una comparecencia pasada ante los medios de comunicación por la denuncia motivada por la contratación de bomberos voluntarios David Arranz ICAL

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La Audiencia reabre la causa contra Javier Iglesias: "Nos ha tenido en la precariedad sabiendo que era ilegal"

El juzgado considera que hay indicios de prevaricación y malversación tras años de contratos desoyendo sentencias que exigían profesionales públicos.

Más información: Arremeten contra Javier Iglesias por "el estado deplorable y caos" del parque de bomberos de la Diputación de Salamanca

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Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca, vuelve al punto de mira judicial.

La Audiencia Provincial ha decidido reabrir la causa penal contra él tras concluir que existen indicios suficientes de que pudo desobedecer sentencias firmes y malgastar dinero público en la gestión del servicio de bomberos provincial.

La resolución revoca el archivo acordado en 2024 por el Juzgado de Instrucción número 2 y ordena continuar con la investigación.

Durante años, Iglesias mantuvo el servicio en manos de una asociación de voluntarios, pese a que varias resoluciones judiciales habían dejado claro que era obligatorio prestar el servicio con personal funcionario.

Lejos de rectificar, el presidente firmó seis decretos de "contrato de emergencia" entre 2019 y 2022, alegando situaciones excepcionales que, según los jueces, no existían. El resultado fue un modelo que además de contravenir la ley, triplica el coste para las arcas públicas.

"Aquí hay bomberos con 20 años de experiencia y otros que entran con un 2 en la oposición"

En el parque de bomberos de Villares de la Reina, José Antonio Martín lleva 18 años de servicio y ha vivido todo este proceso desde dentro. "Nos ha tenido en la precariedad sabiendo que era ilegal. Lo han dicho los jueces y lo hemos denunciado nosotros. Pero aquí ha mandado más el interés que la legalidad", asegura en conversación con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Martín relata un escenario caótico, con empresas privadas trabajando junto a interinos sin formación y bomberos profesionales ninguneados por el sistema. "Llevamos más de tres décadas prestando un servicio público. Pero Iglesias nunca quiso asumirnos como trabajadores propios. Prefería mantener este chiringuito", denuncia.

"Hoy mismo estamos trabajando ocho personas. La mitad son interinos o personal sin plaza. ¿Cómo pretenden que gestionemos un incendio grave? ¿A quién mando yo al fuego si no tiene ni formación? Es un riesgo para todos", explica.

La reapertura de la causa, dice, "hace justicia a quienes hemos sostenido este servicio cuando nadie nos apoyaba".

Contratos al margen de la ley

El auto de la Audiencia Provincial es claro: Iglesias firmó contratos bajo la fórmula de emergencia sin que concurriera ningún hecho catastrófico o imprevisible. Usó esa vía para esquivar lo que la justicia ya le había ordenado: contratar bomberos por oposición, con garantías y transparencia.

Mientras tanto, la asociación adjudicataria -también investigada- pasó de recibir menos de 300.000 euros al año a más de 448.000 cada seis meses, según los datos recogidos en el procedimiento.

No fue un caso aislado

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ya había suspendido y anulado este modelo en 2019, en 2020 y en 2023. Aun así, Iglesias continuó utilizando la misma fórmula, sin convocar plazas suficientes y condenando al servicio a una improvisación constante.

"Aquí se han tomado decisiones políticas sabiendo que eran ilegales. Iglesias no puede decir que no lo sabía, porque tenía sentencias encima de la mesa", señala Martín.

Mientras tanto, el presidente de la Diputación de Salamanca sigue en su cargo. Ni las sentencias firmes, ni los informes de los tribunales, ni ahora la reapertura de la causa parecen haberle hecho cambiar el paso.

Pero al otro lado, quienes llevan años apagando fuegos, dentro y fuera del parque, dicen no olvidar: "Esto no va solo de contratos o de dinero. Va de respeto, de legalidad y de dignidad". Y ahora, la justicia ha decidido volver a escucharlos.